El Comité Olímpico
Español (COE) dará oficialmente en su Asamblea de hoy el visto bueno
a la pretensión de Madrid de organizar los Juegos Olímpicos de 2016,
acto al que ha sido invitado el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón,
además de los principales responsables de la Oficina Olímpica «Madrid
16», encabezados por su consejera delegada, Mercedes Coghen, que
también es miembro del COE.
El máximo
organismo olímpico español y su presidente, Alejandro Blanco, fueron
partidarios desde el mismo día de la derrota de Madrid 2012 (6 de
julio de 2005) en Singapur, de que la capital de España repitiese
proyecto, pese a que la lógica olímpica indica que en 2016 los
Juegos no serán en Europa.
El COE -como se
sabe, las candidaturas las presentan los comités olímpicos
nacionales, no las ciudades- tenía de plazo hasta el 13 de septiembre
para hacer su propuesta final ante el Comité Olímpico Internacional
(COI), pero no lo ha agotado ya que no hay ninguna otra ciudad española
que aspire a los Juegos, al contrario de lo que pasó hace cuatro años,
cuando tuvo que decidir entre Madrid y Sevilla. El único punto
negativo de realizar tan pronto la designación oficial es que a
partir de este momento «Madrid 16» se tendrá que someter a las
restrictivas normas Éticas que marca el COI para las precandidatas en
materia de propaganda.
Hasta hoy, además
de Madrid han mostrado su intención de concurrir a la carrera olímpica
de 2016 otras seis ciudades: Praga, Río de Janeiro, Tokio, Chicago,
Doha y Bakú
La
llegada, francamente amistosa, de Sarkozy a España, tercer país que
ha visitado tras su llegada a la presidencia de la República
Francesa, restablece una relación cooperativa que, desde que González
consiguió reparar sus malas relaciones con Mitterrand, ha sido un
elemento clave de nuestra política exterior y de nuestra pertenencia
europea. La decisión de Aznar de aliarse estrechamente con Bush en la
iniciativa iraquí, frente a la renuencia de París a involucrarse en
el conflicto, generó una congelación del eje Madrid-París, siempre
muy activo. La llegada de Zapatero al poder supuso la reanudación de
la relación, pero ya Chirac, en franca decadencia, no era el
interlocutor animoso con el que diseñar grandes proyectos. Máxime
cuando Francia rechazó en referéndum, en mayo del 2005, el tratado
constitucional europeo que España había ratificado por el mismo
medio en febrero de aquel mismo año. Aquel gesto de París, que
potenció el no holandés y dio finalmente al traste con la propuesta
constitucional, era además la señal de que Francia y Alemania habían
de proceder, sin más demora, a una profunda renovación interior que
oxigenara la decadente Unión Europea. Alemania lo hizo en noviembre
de 2005, cuando Merkel se puso al frente de una»gran coalición»
Francia acaba de hacerlo ahora, situando a Sarkozy al frente de un
proceso reformista que será seguramente profundo e intenso.
El viaje de Sarkozy a Madrid, que establecía una referencial toma de
contacto, perseguía como principal objetivo concreto la adhesión
española a la propuesta francesa de una Constitución 'reducida' -un
«tratado simplificado» ha dicho textualmente el presidente francés-.
Zapatero, pragmático, ha aceptado en principio semejante simplificación
que elimine aquellos aspectos simbólicos inaceptables por los Estados
menos 'federalistas', revise los aspectos que provocaron las negativas
y tenga además, y como es natural, el carácter de un «tratado básico»
(Zapatero) que resuma el espíritu del tratado anterior. España es el
país más importante de la UE que ratificó la fallida constitución
europea mediante referéndum; una constitución que fue en conjunto
aprobada por 18 Estados... Parece lógico que en este proceso de
digestión y reducción que se disponen a emprender Francia y
Alemania, España se reserve el papel de guardián de las esencias
europeístas que, junto a una infumable e inextricable maraña
administrativista, inspiraban la propuesta anterior. En definitiva, el
acuerdo mostrado por Madrid al procedimiento debería proporcionar a
España la contrapartida francoalemana de una participación intensa
en la fijación de los contenidos.
El viaje de Sarkozy a España ha sido asimismo muy ilustrativo en otro
aspecto vital para nosotros, el de la política antiterrorista. Sintéticamente,
el francés nos ha prometido que «jamás» hará de este «tema de
Estado» uno de «política interna». «Ni en Francia ni en España»,
ha advertido, para añadir inmediatamente que «no es el Gobierno
francés el que tiene que decir lo que tiene que hacer el Ejecutivo
español». Siempre ha «pensado que los españoles eran los que tenían
que indicar cuál era su política, fuese el Gobierno de González, de
Aznar o Zapatero». La de Sarkozy es la única posición aceptable,
que debería analizar con algún cuidado el principal partido de la
oposición: el terrorismo es un asunto «de Estado» y es
el Gobierno español el que debe marcar en exclusiva la política
antiterrorista.
